A menudo se habla del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero como si fuera un experimento natural, único e irreversible con el sistema climático.

Sin embargo, el experimento paralelo que llevamos a cabo con nuestro sistema financiero, inyectando efectivo en recursos de altas emisiones de carbono que requieren mucho capital, es menos discutido. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la resiliencia del mercado frente a una transición energética que se aleja de los combustibles fósiles.

Después de la crisis financiera mundial se generó gran cantidad de normativas e investigaciones relativas al riesgo sistémico. Cuando no se fijan precios a las externalidades pueden producirse desequilibrios en las instituciones financieras, abriendo así la puerta a impactos correctivos.

Además, la crisis financiera mundial demostró «la falacia de la composición»: la errada inferencia de que como las empresas individuales eran seguras, el sistema en su conjunto era seguro. Es más, el comportamiento de las empresas que se mueven por intereses propios puede ser racional pero dista de ser óptimo a nivel social, por lo que es un error suponer que la regulación «microcautelar» (supervisión orientada a la transparencia y estabilidad de las empresas individuales) es suficiente para proteger la totalidad del sistema.[1]

A raíz de la crisis financiera, los organismos reguladores tuvieron más instrumentos, en gran parte para evitar otro derrumbe del mercado de la vivienda. Sin embargo, no está claro que estos instrumentos sean suficientes para controlar y mitigar la acumulación de desequilibrios ecológicos en la infraestructura y las finanzas asociadas a una economía basada en altas emisiones de carbono. No debemos perder el tiempo que nos queda en decidir qué normativas se necesitan para brindar protección contra riesgos similares que surgen del sector energético.

Hay comentaristas del mercado que se preguntan si la reciente caída de los precios de la energía —históricamente de gran ayuda para la economía general— no abrirá la posibilidad de cesación de pagos y contagio. Por ejemplo, William FitzGerald, gestor de fondos a corto y largo plazo, establece analogías entre la crisis de las hipotecas de alto riesgo y el sector energético, y sugiere que un ciclo de cesación de pagos en el sector energético podría expandirse y dar lugar a un examen de conciencia parecido en el mercado de deuda, mucho más grande, y provocar depreciaciones y contracción del crédito.

Sin embargo, FitzGerald reconoce que su teoría tiene detractores, entre ellos la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que ha sugerido que el efecto sería «transitorio». Otros analistas admiten que puede haber riesgo para las compañías, pero no contagio.

Aunque es improbable que haya una burbuja a corto plazo, la advertencia de FitzGerald respecto a una mala interpretación inicial del riesgo por parte del mercado y a la corrección volátil cuando las ideas convencionales se alteran no está equivocada. Resulta evidente que hay una brecha considerable entre las previsiones del sistema energético en «el estado actual de las cosas» y lo que la ciencia nos dice que hace falta para mitigar los peores efectos del cambio climático. Al no haber regulación formal, como fijar un precio al carbono, los actores del mercado no evalúan el precio de este riesgo. Esto abre la posibilidad de que se acumulen desequilibrios en el sistema.

La investigación de Carbon Tracker indica que las empresas de combustible fósiles podrían estar subestimando el riesgo de la transición energética. A pesar de la volatilidad histórica de los mercados del petróleo, son muchas las empresas petroleras que han quedado expuestas en gran medida a la reciente caída de los precios, lo que demuestra su confianza en el aumento constante de los mismos.

Algunos gastos de capital se han aplazado, o se han reducido, desde entonces; pero no parece que este freno sea otra cosa que una pausa para equilibrar sus balances hasta que vuelvan a aumentar los precios.

De hecho, en sus perspectivas a largo plazo (que son la base del plan de inversión), Exxon prevé una trayectoria de actividades petroleras que respeta el estado actual de las cosas para los próximos 25 años.

La empresa «paga» estas emisiones masivas bajo el supuesto, contrario a su trayectoria petrolera, de que el consumo de carbón se reducirá hasta acercarse a la cantidad necesaria (pero no hasta al alcanzarla) que daría al mundo la oportunidad de limitar el calentamiento a 2°C.

Aunque al parecer Exxon cree que el consumo de carbón puede reducirse y en el futuro se reducirá, está tan segura de que el consumo de petróleo no correrá la misma suerte que en su planificación excluye el escenario de bajas emisiones de carbono del rango razonable de escenarios.

Esta seguridad contradice lo que sabemos sobre el clima, el exceso de recursos fósiles conocidos que superan el objetivo de los 2°C, el «Escenario de la Nueva Política» de la AIE (que añade objetivos de reducción de emisiones nacionales existentes pero no llega a cumplir el objetivo de los 2°C) y la transición energética necesaria para cumplir esa meta.

Tampoco toma en cuenta el potencial disruptivo de las severas restricciones gubernamentales relacionadas con el cambio climático, ni las posibles mejoras de eficiencia, ni una demanda más baja de la prevista ni, quizá lo más importante, la disminución de costes de las energías renovables, que impondrá un «tope» a los precios que el petróleo, el gas y el carbón pueden exigir sin riesgo de sustitución.

Si ya es grave que las empresas no varíen sus planes de negocio para afrontar estos riesgos, lo verdaderamente preocupante para los reguladores financieros es que los mercados malinterpreten el alcance del problema climático y construyan un futuro de altas emisiones de carbono basado en la confianza de las empresas de combustibles fósiles en el futuro. Si los múltiples problemas ambientales convencen a los políticos de todas las tendencias y los impulsan a actuar, el único remedio viable será drástico y tendrá consecuencias probablemente perturbadoras desde el punto de vista económico.

En resumen, la pregunta es si la sociedad está dispuesta a iniciar una retirada ordenada de combustibles e infraestructuras de altas emisiones de carbono o si seguirá inflando el conjunto de activos de altas emisiones de carbono que tendrán que reemplazarse.

Toda transición energética tarda décadas en materializarse. Por lo tanto es necesario comenzar ahora, no esperar a que se agrave el problema con décadas de nuevos activos de altas emisiones de carbono. Si nos limitamos a postergar la cuestión nos arriesgamos a que la crisis ecológica obligue a los políticos a tomar medidas drásticas. Los organismos reguladores «macrocautelares» deben tomar la iniciativa y no esperar a que los riesgos se materialicen, porque si esto sucede, o cuando esto suceda, los políticos querrán saber quién fue responsable de monitorizar este experimento financiero fallido.

Aunque los impactos sean a largo plazo, el establecimiento de una nueva normativa regulatoria financiera es urgente para evitar el riesgo de tener activos inmovilizados y asignaciones de capital disfuncionales. El jueves habrá una mesa redonda de alto nivel en la Semana del Clima de París que reunirá a responsables políticos, reguladores financieros, inversores y gestores de activos para debatir su papel como impulsores de una transición energética ordenada.

El objetivo sería lograr un amplio consenso y respaldo para crear un grupo de trabajo informal sobre estos temas y elaborar una serie de principios que se darán a conocer antes de la próxima COP21.

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Read the first blog: ‘Unlocking funding for a vital low-carbon future’

Read the second blog: ‘Facing up to the fossil fuel risk premium’

Read the third blog: ‘When does the “carbon bubble” become a systemic risk?’

 

Robert Schuwerk, asesor principal de Carbon Tracker y Anthony Hobley, director general.

 

[1] Dirk Schoenmaker, Rens van Tilburg, Herman Wijfels, «What role for financial supervisors in addressing systemic environmental risks?» (abril, 2015) (con citas de Brunnermeier, M., Crockett, A., Goodhart, C., Persaud, A. y Shin, H. (2009). «The Fundamental Principles of Financial Regulation. Informe de Ginebra sobre Economía Mundial 11, ICBM, Ginebra, y CEPR, Londres»).

 

Watch here the short video interview to Carbon Tracker’s CEO Anthony Hobley on this topic.

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